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domingo, 13 de noviembre de 2022

Cathedra mea, regulae meae: la autonomía perdida.

 

               INCOMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA             

¿España es un país centralista o descentralizado en materia educativa? Buena pregunta. Aparentemente es un país descentralizado -mejor descoyuntado- en diecisiete CCAA, en diecisiete sistemas educativos, dicen algunos. Todas con competencias plenas en educación exceptuando Ceuta y Melilla que dependen del Ministerio. En consecuencia, todos los preámbulos y articulados de las diferentes leyes educativas proclaman -cómo no- la tan cacareada autonomía pedagógica de los centros y de su profesorado a la hora de diseñar y desarrollar la enseñanza. Pero, lamentablemente, hemos de recordar que por más que se escriba una mentira, incluso en el BOE o en el BOJA, no se convierte jamás en una verdad.

Hemos logrado en treinta años una hazaña única: nuestro sistema educativo posee lo peor de los sistemas centralizados -regulación profusa y rígida a nivel nacional, ausencia de toma de decisiones reales en los centros escolares, reformas ilustradas dictadas desde arriba, supervisión ideológica...-, y lo peor de los sistemas descentralizados -descoordinación entre CCAA y Estado, ausencia de evaluaciones del sistema nacional, incoherencia curricular, pugna y brecha entre territorios...-. Un carajal. Partiendo de lo ideal, como nos ocurre tantas veces, hemos hecho un pan como unas tortas. Eso sí, un pan muy caro que consume gran cantidad de recursos públicos y que, para colmo, se invierte y gestiona de manera desigual y poco eficiente, lo que ha provocado brechas insalvables entre las CCAA. Una divergencia que, lejos de reducirse en democracia, ha seguido aumentando con los años y configurando comunidades ricas y comunidades pobres. Como ejemplo: el gasto por alumno/año en País Vasco o Navarra casi duplica el de Andalucía -según datos de 2018 del propio MEC.

Pero, centrémonos en el tema. Frente a la apariencia legal de descentralización educativa -más bien descontrol que otra cosa- la autonomía pedagógica de los centros y de los profesores hoy no es más que UN CUENTO. Un patético cuento de hadas -íbamos a decir chino, pero no queremos herir susceptibilidades culturales- que se reproduce en el BOE una y otra vez desde la Constitución de 1978. Desde ese origen, la intención oculta de nuestros administradores públicos siempre ha sido cómo poder conciliar un aparente "estado de las autonomías" con un sistema educativo centralizado, esto es, controlado y dictado desde arriba hasta en los más tontos detalles, dejando sólo unas migajas para las poco fiables CCAA, y ni eso para los centros y los docentes que, prácticamente, tienen poco que decidir que sea verdaderamente significativo: la metodología, dicen algunos ingenuos. (Un inciso: incluso aunque el Estado les dejara un amplio margen de decisión a las CCAA, muchas de ellas no harían otra cosa que acabar en sus propios territorios con la autonomía pedagógica de sus centros y de sus docentes, y volveríamos al mismo problema).

Este pecado original -descentralización política y vocación de centralismo educativo- ha generado distorsiones, traiciones y abusos tales que muchos ya comienzan -y no sólo los de Vox- a pedir el regreso a un Estado centralista en todos sus términos, prioritariamente en el ámbito educativo, queriendo acabar así con las competencias de las CCAA. Hay que recordar que el estado de las autonomías se articuló para dar acomodo a las reivindicaciones nacionalistas de las comunidades "históricas" -como si las demás no lo fueran- pero, a la postre, parece haberse convertido en un estado fallido que no ha resuelto el problema inicial y, encima, lo ha agudizado; además, de resultar muy caro de mantener. Quizás el diseño inicial no estaba mal pensado sobre el papel -Constitución del 78- pero viene naufragando desde hace años por causa de un desfile interminable de políticos incompetentes, desleales, mediocres, traidores, orates y cortoplacistas, incapaces de ver el todo para conformarse con las hojas de los rábanos. Quién le iba a decir a los "padres constitucionales" que sus hijos les saldrían ranas, cuando ahora lo que se lleva es matar al padre y encamarse con la madre patria -siguiendo a Freud.

En fin, a lo que vamos, la prueba del algodón de todo este desaguisado provocado por el reiterado uso partidista y autoritario de la política educativa no es otra cosa que un profundo desprecio-por y una gran desconfianza-en el profesorado. Dando la razón a algunos de volver al franquismo sociológico o, quizás, es que no lo hemos abandonado del todo nunca. Si no, no se explica ese uso machacón y torticero de la educación que siempre ha negado de facto cualquier atisbo de autonomía pedagógica real por parte de centros y docentes. Si no se la cargara el Estado, se la cargarían las propias CCAA. Aquí están algunos ejemplos de lo dicho: la renuncia definitiva a la reforma de la formación inicial del profesorado, la aplicación de reformas cosméticas de los cursos de capacitación para docentes -ahora MAES de secundaria-, la determinación del 120% de los contenidos curriculares -Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas, ¡ja!- para que ni las CCAA ni los centros puedan introducir los propios, la ausencia de controles de calidad educativa pero sí de supervisión ideológica de centros y de docentes a través de los servicios de inspección autonómicos, el deterioro institucional de la Alta Inspección o la aplicación de "reformas ilustradas" de arriba-abajo que nunca cuentan con el profesorado ni con la ciudadanía.

En fin, en la actualidad, lo de la autonomía pedagógica no se lo cree nadie por más que lo sigan escribiendo en los papeles oficiales. Y, quizás, lo más triste de todo sea que un sector del profesorado ni la quiera, porque autonomía pedagógica exige formación y responsabilidad profesional para justificar y dar cuenta de las decisiones que se toman. Y en un sistema educativo agotado, con un profesorado acostumbrado a obedecer consignas y seguir dócilmente ocurrencias de iluminados, a pasar páginas de libros de texto realizados por otros para ganar dinero, a ser desautorizado por las propias instancias educativas cuando no directamente agredido por unos pocos desalmados, es muy fácil caer en la desprofesionalización, la desgana y la alienación laboral. Así, que ¡vivan las caenas! y que decidan otros.

Es triste, pero un profesorado cautivo y desarmado lo último que pedirá será autonomía pedagógica; por el contrario, se tragará su dignidad, obedecerá mansamente lo que le manden y huirá de los problemas siempre que pueda. Así cree que sobrevivirá más tiempo en el tajo, quizás, pero al final TODOS, TODAS, perderemos el partido, incluso los irresponsables políticos que nos han conducido hasta aquí, eso sí, con la ayuda inestimable de nuestros votos. Que todo hay que decirlo.  

Cathedra mea, regulae meae -mi silla, mis reglas. ¿Autonomía pedagógica?: una silla y unas reglas tan perdidas como el arca de la alianza. ¿Cómo recuperarla? ¿Necesitaremos a Indiana Jones? Malos tiempos para los héroes y para la poesía. Sólo se nos ocurre lo que nos muestra el siguiente vídeo para poder hacerlo. Saquen sus propias conclusiones. A veces pensamos que no estaría mal resetearlo todo y comenzar de nuevo.


miércoles, 9 de noviembre de 2022

El profesorado español y la diarrea legislativa.

 

              INCOMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA                

El profesorado español no suele conocer bien la legislación que regula su profesión. Esta es una evidencia generalizada en todas las CCAA. Pero, ¿a qué se debe?, ¿es que tenemos un profesorado perezoso para la literatura leguleya?, ¿es que no está interesado en la normativa que le afecta directamente?, ¿se trata de un colectivo irresponsable? Respondemos que NO a todas estas preguntas; las razones que han causado este alejamiento entre docentes y normativa educativa hemos de encontrarlas en otros ámbitos de actuación. Veamos.

En primer lugar, España es un país irresponsable que, en materia educativa, ha promulgado ocho leyes orgánicas -ocho reformas- en menos de treinta años -cuando lo habitual y sensato es que las leyes educativas de los países de nuestro entorno y parecida entidad se mantengan en vigor largo tiempo con ligeros retoques-. Un problema serio al que se le añaden los correspondientes desarrollos normativos de cada una de ellas, esto es, decenas de reales decretos, decretos, órdenes, resoluciones y reglamentos que tratan de regular hasta los más nimios detalles de la vida escolar (Y menos mal que dicen que "disfrutamos" de un sistema político-educativo descentralizado y abierto). A continuación sumen el desarrollo normativo de cada una de las CCAA, nuevamente con sus leyes autonómicas, decretos, órdenes, resoluciones e instrucciones diversas. El resultado de toda esta cascada de normas, de esta "diarrea" legislativa, es un compendio inmanejable de centenares de disposiciones fuera del alcance de un "mortal" medio, incluso iniciado en leyes; y mucho más de unos profesionales -como los docentes- muy ocupados -y preocupados- por "enseñar y educar" en buenas condiciones a sus alumnos y alumnas, sin tiempo ni ganas de conocer y analizar tal mamotreto de verborrea oficial, por lo demás, aburrida e inútil en la mayoría de los casos.

En segundo lugar, tal mamotreto ni siquiera constituye un todo coherente y con sentido. Por el contrario, estamos ante un cuerpo legislativo repetitivo, contradictorio y mal elaborado, donde normas de menor rango -una orden o resolución- contradice lo dispuesto en otras de mayor rango -decretos o leyes-, donde las CCAA pueden vulnerar leyes nacionales -o sentencias de altos tribunales- en sus normas autonómicas, donde suelen aparecer confusos párrafos difíciles de interpretar -a veces intencionadamente- o donde, simplemente, muchos están mal redactados, son erróneos o responden a ocurrencias surrealistas o infundadas. Todo ello ha producido un gran descrédito de la normativa educativa, sobre todo entre los docentes, hartos del mediocre politiqueo de que ha sido objeto por parte de los partidos políticos de turno, cuando no utilizada con intenciones meramente electoralistas o ideológicas en su peor sentido. Miremos, pues, a nuestros políticos de todo color como responsables de esta imbecilidad generalizada -llamada normativa educativa- y el desinterés o hartazgo que genera en la ciudadanía.

Y en tercer lugar, ¿qué disparate de razonamiento puede sostener que sea necesario tan lujurioso y farragoso cuerpo legislativo para regular la enseñanza? La enseñanza descansa en el profesorado cuya preocupación esencial es cómo ofrecer la mayor calidad educativa posible con los medios de que dispone. Y ahí la normativa tiene poco o nada que decir. Son la formación, la autonomía pedagógica y la responsabilidad profesional los elementos que tienen que sostenerla. Es la gente, estúpido, no las leyes.

El profesorado español no es que no esté interesado en la normativa, sino que, desde hace años, la normativa educativa en nuestro país es un disparate que no mejora en nada el ejercicio docente, más al contrario, lo dificulta, lo confunde y lo obstaculiza. Los docentes no están formados para convertirse en analistas legales, pero tampoco deberían quedar a merced de la "diarrea" del "legislador" de turno. Su profesión es enseñar, y la normativa educativa debería limitarse a facilitar esa labor, no a complicarla o sustituirla. A la vista está, si no nos creen, que después de casi una decena de leyes orgánicas y centenares de decretos, órdenes y resoluciones no se han mejorado un ápice las condiciones organizativas de los centros ni la calidad de la educación que se imparte en ellos. Es el factor humano, repetimos, -sobre todo el que aportan los docentes, además de alumnos y familias, y no los legisladores- lo que lo hace posible. Así que, cuanto menos distraigamos al profesorado con estupideces más tiempo tendrá para dedicarse a aquello para lo que fue formado y seleccionado: educar. Es así de simple.

Volvamos a sir Ken Robinson en una charla sobre la importancia de los profesores/as. A ver si en algún momento del vídeo le escuchan hablar acerca de la legislación como componente fundamental para realizar una buena labor docente. Y es que El Arte de Enseñar tiene poco que ver con la diarrea legislativa de este país desorientado y sonámbulo.