Incapacidad manifiesta de realizar determinadas acciones que se supone deben haberse adquirido para desarrollar un determinado trabajo o, en este blog, una acertada política educativa en Andalucía y España. Consisten en una rara mezcla de ignorancia, torpeza, inoperancia, frivolidad, prepotencia y algunas dosis de clara idiotez.
Como anunciábamos en una entrada anterior, los tres exaltos cargos de la Delegación de Educación de Sevilla implicados en un serio caso de prevaricación -delegado, jefa de ordenación educativa y jefe de personal-, iban a ser juzgados en este mes de febrero. Pero, hete aquí que la huelga indefinida de letrados de justicia ha sido ahora la causa para retrasar aún más el juicio, probablemente hasta el año que viene. Es lamentable que la justicia llegue tan tarde. Seis años han pasado, y todavía, tanto los encausados como las personas perjudicadas por su supuesta prevaricación, no han podido ver resueltas sus demandas. Y, la verdad, cuando la justicia llega tan tarde deja de ser justa.
Los graves tropelías cometidas por dichos personajes exigían una respuesta clara y contundente que devolviera la dignidad perdida a la citada delegación provincial. Asimismo, se requería un acto de ejemplaridad en los actos administrativos señalando con rigor aquellos que se apartan de sus principios básicos de transparencia, mérito y capacidad. Finalmente, los perjuicios cometidos sobre los demandantes deberían resarcirse cuanto antes. Todo ello queda, de nuevo, en agua de borrajas, a la espera de que la administración de justicia sea capaz de ejercer su importante función social, ahora tan cuestionada en este caso -y en tantos otros de claro impacto social: ERE´s, por ejemplo.
Ni los demandantes, ni los demandados, merecen este trato. Tampoco la comunidad educativa sevillana, ni la ciudadanía en general. De ahí que, debiera exigirse un adelanto de los plazos previstos y acabar de una vez con estos tristes episodios, muestra de la degradación que sufrió aquella delegación provincial por parte de aquellos que tenían como misión protegerla y prestigiarla.
Los socialistas-cortijeros andaluces han dejado atrás un reguero de corruptelas a todos los niveles que hoy parece haber sido ya superado gracias a los nuevos inquilinos de la Junta de Andalucía. No obstante fueron tantos años -décadas- de desmanes y despropósitos que sus modos y maneras aún siguen anidando en las grietas de Torretriana esperando asomar la patita en cuanto les dejen. Así que, por el bien de todos, cuanto antes se resuelvan estos juicios pendientes mejor para todos.
¡Ea!, pa justisia los Carnavales de Cádiz. Justicia popular inmediata, sin dilaciones ni retrasos injustificados. Aquí les dejamos con un pelotaso de este año: la chirigota del Bizcocho, los "Mi alma". Candidatos fantasmas al premio de este Carnaval 2023. Geniales la presentación y los cuplés. A disfrutar que ya está aquí la cuaresma.
Ya se ha fijado fecha -febrero de 2023- para la celebración del juicio que resolverá la responsabilidad de la anterior cúpula de la dirección socialista en la Delegación de Educación de Sevilla por los lamentables hechos acaecidos hace ya varios años: la inclusión, de forma presuntamente fraudulenta, de la hija del que fuera Jefe de Inspección de dicha delegación provincial, el Sr. Alberto Moreno, en un puesto de trabajo que no le correspondía ni por méritos ni por capacidad. Vamos, lo que viene llamándose vulgarmente un enchufe en toda regla, saltándose todas las "idem". Más grave, si cabe, porque se trataba de la hija del Sr. Jefe de Inspección, o sea, de quién debía velar por la legalidad de los procesos administrativos, especialmente, de los procesos de selección y asignación de personal docente a determinados puestos específicos. Y más grave, aún, porque se trataba de la actuación en una zona educativa muy deprimida socio-económicamente, como es el barrio del Polígono Sur de la ciudad de Sevilla. Uno de los más pobres de España, no sólo de Andalucía.
En el embrollo participaron, además, como colaboradores -o cómplices- necesarios, la Jefa del Servicio de Ordenación Educativa, la Sra. Carmen Liébana (para la que la fiscalía pide pena de cárcel), el Jefe de Personal, el Sr. Luis Sanchís, y el propio Delegado Provincial de Educación, el Sr. Francisco Díaz; incluyendo, cómo no, en la lista de encausados, a la propia beneficiaria del enjuague, la Sra. Anaís Moreno, hija del susodicho Jefe de Inspección. El asunto, con ser grave, no muestra la profundidad de los comportamientos corruptos, ocultos y arbitrarios, que aquejaban a dicha delegación provincial por aquellos años. Liderado el equipo de dirección por un delegado provincial -el Sr. Díaz Morillo- que no tenía ni idea de los entresijos de la empresa que tenía entre manos, y sin la debida formación ni experiencia, abandonó en manos de un equipo directivo prepotente -y de dudosa ética profesional- la gestión de una delegación grande y compleja, quizás la mayor de Andalucía. El desastre se veía venir. Los casos de nepotismo, cazas de brujas, arbitrariedades administrativas y aprobados por decreto -esto es, por mis narices-, empezaron a surgir a cada paso. El equipo empezaba a cubrirse de gloria con el beneplácito de su delegado de educación. Y que, como hicieron los Sres. Chaves y Griñán en el caso de los ERE´s, se escudará, seguramente, en que él no sabía nada y que no se llevó dinero alguno. ¡Menudos jetas!
Todo esto empezó a fraguarse en el año 2012, cuando la Consejería nombró como Delegado Provincial al hoy encausado, y el globo fétido que fue hinchándose en los años siguientes explotó por los aires por una metedura de pata fruto de la impunidad con la que se manejaban estos personajes. El caso era pan comido: se trataba de la hija en paro de uno de ellos a la que había que "colocar" donde fuera y por encima de quien fuera. Para hacerlo se sirvieron de todo el poder que tenían y que hasta ese momento les había ido tan bien, y se saltaron todos los procedimientos legales establecidos -incluso falsificando documentos-. Primero, fue la denuncia de una docente que ocupaba un puesto por encima de la susodicha hija del Sr. Jefe de Inspección en las listas de selección para unos puestos específicos la que hizo saltar la liebre; posteriormente, el sindicato USTEA (no entendemos, o sí, por qué otros sindicatos como CCOO o FETE-UGT no se sumaron a dicha denuncia) remitió el caso a la fiscalía. Todo ello provocó el principio del fin de aquellos años de prepotencia, impunidad y descaro en la gestión educativa de la provincia de Sevilla.
Una vez se hizo eco la prensa del caso -el diario EL MUNDO-, la Junta de Andalucía de la Sra. Susana Díaz inició un proceso de investigación interna, esto es, quiso lavar los trapos sucios en casa para silenciar el problema y que no le estallara en la cara. Tras dicha investigación"recolocaron" en la agencia IDEA al Sr. Delegado Provincial ¡premiado por hacerlo tan bien! (Por cierto, una agencia que jugó un papel lamentable en el uso arbitario de fondos públicos, como el caso de los ERE´s), pidieron la dimisión del Sr. Jefe de Inspección -que se fue de rositas- y destituyeron al resto de personajes. La beneficiaria del enchufe siguió, no obstante, ocupando la plaza que había obtenido de manera irregular. Pero la denuncia siguió para adelante, gracias a USTEA, y el próximo mes de febrero de 2023 se los juzgará en los tribunales. Tarde, pero se los juzgará.
Y se juzgará con ellos a toda una época de abusos en la gestión educativa que imprimió en Andalucía la última década del gobierno socialista andaluz (la del Sr. Griñán y la Sra. Díaz) y, especialmente, en la delegación de Sevilla. Este caso de la hija del Jefe de Inspección tan sólo fue la punta del iceberg de un sistema corrompido que venía arrastrándose desde varios años antes, como los ERE´s lo fueron del gobierno socialista en la Junta de Andalucía y que también afloró por un descuido en la mordida a un empresario hostelero.
¡Por fin serán juzgados, unos y otros! Y aunque en este embrollo educativo no se pudo tirar del hilo como en el caso de los ERE´s o de la Agencia IDEA, estos personajes, está forma zafia y cortijera de gestionar lo público, dejaron a la delegación educativa de Sevilla tan podrida que aún tardará varios años en recuperarse totalmente. Y eso que, a raíz de las destituciones y dimisiones, al curso siguiente se produjo la desbandada de muchos asesores, docentes y funcionarios de la delegación de Sevilla que dijeron ¡pies para qué os quiero!, ¡no vaya a ser que nos caiga algo de mierda encima! Casi todas las ratas abandonaron el barco, muchas con nombres y apellidos muy (re)conocidos por esos lares en aquellos años. ¡Dios los cría...!
Que un alto inspector manda menos que un conserje de una guardería infantil es cosa sabida. Y no es una cosa de ahora, así ha sido siempre. En la "arquitectura" autonómica del Estado español la Alta Inspección de Educación nunca ha servido sino como "refugio" para colocar -eso sí, por turnos- a los agraciados con la lotería de cada partido. Lejos de conformar un cuerpo técnico, profesional y prestigiado, los partidos políticos en el poder la han vaciado a lo largo de estas décadas de aquellas "altas" funciones que tiene asignadas por ley orgánica ejerciendo un nepotismo vergonzante para cubrir sus puestos. En otro acto hipócrita más de la política educativa española, nuestros próceres se han pasado por el arco del triunfo al poder legislativo y desde el minuto 1 abandonaron las responsabilidades de supervisión que requiere un sistema educativo descentralizado como el nuestro.
La Alta Inspección de Educación es, pues, la prueba del algodón de que nunca se pensó en un sistema educativo articulado y responsable sino en quince sistemitas educativos autonómicos campando por sus respetos. Creyendo que así contentarían a los díscolos catalanes y vascos, entre otros, lo que han conseguido es justo lo contrario. Cualquier docente se lo podría haber avisado hace años: a los alumnos díscolos no se les sujeta ni ayuda suprimiendo las medidas de control, sino reforzándolas. Por otra parte, lo que dicta la teoría de que a mayor descentralización de las decisiones se requiere mayor capacidad de supervisión de las mismas, lo ignoraron estúpidamente. No sabemos si por ignorancia o por frivolidad o por una mezcla de ambas. Y aquí nos encontramos después de tantos años.
Ahora, a la vista del desastre producido -mitologías curriculares, estupideces autonómicas, localismos idiotas, políticos iluminados, divergencias intolerables entre CCAA, quintacolumnistas contra el Estado, etc, etc...- unos defienden que hay que retirar las competencias educativas a las CCAA para recentralizarlas en el Estado, mientras otros proponen recrear la Alta Inspección de Educación para que pueda asumir sus funciones profesionalizándola y alejándola de los vaivenes políticos. Pero unos y otros esconden sus propias "vergüenzas". Veamos.
Es comprensible que muchos consideren como solución a un sistema educativo descontrolado volver a uno centralizado -no se trata de volver al del franquismo, como parecen desear algunos, sino a sistemas prestigiados como el francés, el portugués o el italiano, por no ir muy lejos-. Pero no hay que olvidar que, desde 1978, España es un estado descentralizado -más parecido al alemán que al inglés o al de EEUU- y la Constitución así lo refrenda, lo que sería difícil de revertir en las condiciones actuales. Además, la descentralización educativa adoptada -y generalizada poco a poco desde entonces- no es en sí misma un error; muchos países, sobre todo en el ámbito anglosajón, la "disfrutan" sin problemas serios. Lo que ha sido un error es la dejación que han hecho nuestros políticos para llevarla a cabo con seriedad. Por tanto, lo que se requiere es recuperar un sistema de supervisión, control y coordinación sólido y estable entre CCAA y Estado, esto es, ajeno a los bandazos políticos, al nepotismo, a la mitología y a la frivolidad.
También es comprensible que asociaciones de inspectores -como la USIE- denuncien la utilización política y torticera de la Alta Inspección con la intención de profesionalizarla y dignificarla. Aunque, eso sí, sus propuestas parece que pasan por "promocionar" a los inspectores que ya ejercen su labor en cada comunidad autónoma a tan alta función educativa. Consideramos, sin embargo, que no resulta una buena solución. Los cuerpos de inspectores de las CCAA han sido conformados con respecto al mismo sesgo político de los partidos que gobiernan en ellas -y no pensamos sólo en catalanes y vascos. Queremos decir, más claro, que durante todos estos años las CCAA se han ido dotando de inspectores de educación mediante un sistema de "selección" que deja mucho que desear, desprofesionalizándolos a su antojo para asimilarlos, en muchos casos, no todos es verdad, y no de la misma forma o intensidad en según qué comunidades autónomas, a una especie de "comisarios políticos" prestos a "llevar mensajes y consignas" de cada bandería política a los centros docentes. Entendemos, pues, que de cuerpos de inspectores desprofesionalizados difícilmente podría salir, por promoción interna, una Alta Inspección de Educación profesionalizada. Sería un verdadero milagro de la reproducción humana.
En resumidas cuentas, nuestra opinión, nuestra propuesta, no pasaría por acabar con el sistema educativo descentralizado que tenemos ahora para "recentralizar" la educación -lo que resultaría por otra parte muy oneroso- sino en hacer ahora lo que no se quiso hacer entonces, esto es, crear un verdadero cuerpo de altos inspectores de educación del Estado, profesionalizado, dignificado y dotado de recursos adecuados al efecto, tanto humanos y presupuestarios como legales y ejecutivos, capaz de intervenir en cualquier comunidad autónoma que vulnere, sobrepase o ejerza equivocadamente sus competencias en materia educativa. Salvando las distancias, algo así como actúa el FBI estadounidense pero en versión educativa, no policial. Y ese nuevo cuerpo de altos inspectores sólo puede crearse con los -y las- "mejores" docentes, sí docentes, no vale primar en exclusiva otras procedencias de la administración del Estado (porque tenemos que estar de acuerdo en que los "mejores" no forman parte necesariamente de los cuerpos de inspectores actuales, en muchas ocasiones, lamentablemente, se ha seleccionado a los peores o a los más obedientes). Y eso sólo podría hacerse -y no habría que cambiar ninguna ley, sólo desarrollar las que hay- a través de una rigurosa selección de altos funcionarios del Estado mediante un sistema público y transparente que garantice la independencia, el mérito y la capacidad de aquellos interesados en ejercer dicho perfil profesional.
¿Que para esto se tendrían que poner de acuerdo los partidos políticos?, claro, qué duda cabe. Y aquí tropezamos de nuevo con la frivolidad e incompetencia que nos asuela, pero creemos que es el camino más sensato, si es que la sensatez sirve ya de algo en este país.
Como saben, en este blog no "comulgamos" con ningún credo político ni religioso. En realidad, no nos gustan los credos sino la realidad, los datos y los hechos. Así que, sin que sirva de precedente les dejamos con una breve intervención de Albert Rivera, ex de Ciudadanos, porque en ella realiza una exposición clara, si bien para algunos será sesgada, de lo que ha ocurrido con la Alta Inspección de Educación en nuestro país. Es una intervención parlamentaria de 2017, y qué lejos nos parece ya. Y es que vamos como locos a ningún sitio.
Lo hemos destacado en múltiples entradas de este blog: uno de los puntos más débiles de la Educación en nuestro país es la deficiente formación inicial del profesorado no universitario. Un grave problema que arrastramos desde hace décadas y que ninguna "reforma" ha encarado con seriedad. Una lástima. Una lástima porque no hace falta inventar la pólvora, tan solo adoptar medidas que se han demostrado exitosas, a medio y largo plazo, en otros países. Salvando las distancias, tanto históricas como socio-económicas, muchas de estas medidas son perfectamente posibles en nuestra realidad española y andaluza si se tuviera, de verdad, la intención de mejorar nuestro sistema educativo en las próximas décadas. Veamos algunas:
1. Un mismo nivel de formación para el profesorado de infantil, primaria y de secundaria: hoy no tiene sentido defender una menor formación para el profesorado de infantil y primaria. La complejidad de una educación integral, que no exclusivamente disciplinar o académica, exige un alto grado formativo para todas las etapas. Otra cosa será establecer especialidades por etapas, pero no necesariamente por disciplinas. Aspectos como la atención a la diversidad, la educación especial, la investigación educativa, la educación emocional, el manejo de los grupos, etc., son complejos y deben ser abordados por todos los docentes de manera transversal. Esto significa que las titulaciones de origen deben tener para todas las etapas la condición de una maestría -grado+máster- y que, en consecuencia, todos los docentes sean equiparables, de partida, en cualificación profesional, reconocimiento social y prestaciones salariales. Ni siquiera comentamos el desastre que contemplamos en nuestro país en este punto.
3. Resulta clave complementar formación teórica con formación práctica e investigadora desde el inicio de la titulación: Cada semestre formativo del futuro docente debe contemplar un fuerte contacto con la práctica real en aula. Además cada estudiante debe ser guiado por un docente experimentado en cada momento de su formación con un alto componente investigador. Dejar estas prácticas para periodos insuficientes, finales o en manos de profesorado tutor mal seleccionado o poco experimentado, es garantía de una formación deficiente, como ocurre en España y Andalucía. De este modo, debemos descartas "parches" como las actuales prácticas para infantil y primaria, el antiguo CAP, el actual "máster" (fraude) obligatorio para secundaria, o el anunciado MIR para docentes, otra chorrada más para seguir sin hacer las cosas bien.
4. Es imprescindible realizar una fuerte inversión económica que mejore la formación de los nuevos docentes: una buena formación nunca es barata. Contar con los mejores docentes para impartir los grados pedagógicos supone acabar con la habitual selección endogámica de los más "mediocres" en los departamentos universitarios y atraer a profesorado experimentado, investigador y bien formado. Contar con un buen profesorado tutor para las prácticas en aula supone también reconocer su prestigio profesional y pagarlos adecuadamente. Contemplar prácticas "remuneradas" para los estudiantes también supone un desembolso económico. No hay ninguna formación inicial "barata" que sea buena, como ocurre en nuestro país y en tantos otros.
En resumen, “la calidad de un sistema educativo no puede ser mejor que la calidad de sus docentes”.Este es un famoso aforismo surcoreano que deberían tatuarse algunos en la frente. Ninguna "reforma" educativa española en los últimos 40 años ha abordado, siquiera mínimamente, algunas de las claves antes enunciadas para hacerlo realidad, pero, cuando menos, las podemos reconocer, con más o menos diferencias, en aquellos países que han apostado seriamente por la Educación. En estos temas, existen países serios y países esperpénticos. ¿A qué grupo creen que pertenecemos nosotros? Pues eso.
El sistema educativo finlandés, uno de los mejores del mundo, carece de servicio de inspección educativa. La confianza en el profesorado es absoluta y tampoco poseen un sistema de evaluación de los docentes en ejercicio. Confiar en los docentes, bien formados, buenos profesionales, parece algo de otro mundo para un país como el nuestro donde la inspección, lejos de ser entendida como un servicio de alto valor técnico y asesor, se ha venido utilizando como especie de "comisariado político" del poder de turno, o para "vender" las consignas en vigor y "controlar" a los docentes díscolos. No obstante, los docentes han sabido, a pesar de todo, capear las "visitas" supervisoras de la inspección como en el siguiente vídeo de José Mota. No se lo pierdan.
Solución al problema de la entrada anterior: las dos fotos de la izquierda corresponden a instituciones carcelarias de nuestro país, y las de la derecha a centros educativos.
Un reciente artículo aparecido en prensa pone el dedo en la llaga de uno de los graves problemas que tiene la inspección educativa en Andalucía, especialmente agudizado en la Delegación Territorial de Sevilla, donde precisamente trabajan los dos inspectores autores del citado artículo: la independencia de la función inspectora. Decimos uno de los más graves porque existen más problemas, pero quizás el que se aborda en el artículo sea el cáncer que alimenta a todos los demás. Efectivamente, como ponen de manifiesto sus autores, inspectores de reconocida trayectoria en el sistema educativo andaluz, larga experiencia como docentes y con un prestigio ampliamente adquirido en su labor inspectora, siempre desde posiciones avanzadas y progresistas -no estamos pues ante personas conservadoras, resentidas o recién llegadas-, la inspección educativa está aquejada, desde hace décadas, de una intolerable injerencia política en su labor que le resta la imprescindible independencia de criterio técnico y autonomía de actuación que requiere su importante función en la mejora del sistema educativo.
Merece la pena, sin duda, una lectura atenta del artículo publicado que, suponemos por razones de espacio, no realiza una aproximación más profunda, incluso histórica, del grave problema expuesto a raíz del informe realizado por el Consejo Escolar del Estado en relación con las tareas inspectoras. Hemos de recordar aquí que el problema del control político de la inspección educativa se agudiza en Andalucía tras treinta años de "régimen" en manos del PSoÉ. Y es que, al PSoÉ nunca le gustó la inspección educativa por varios motivos. El primero de ellos porque se encontró con un cuerpo que realmente adoptaba los modos del "comisariado político" de los tiempos de la dictadura y del que desconfiaba, quizás con razón. Un cuerpo más político que técnico cuya misión era el control de las instituciones educativas más que su mejora. En aquellos años de la transición política hubo incluso propuestas de supresión de la inspección educativa al modo de como se suprimieron a los directores por oposición que entonces aún existían en muchos centros.
Paradójicamente, una vez en el poder, el PSoÉ no solo no acabó con la inspección -pudo hacerlo en la LOGSE en 1990- sino que la reinventó como, desgraciadamente, un nuevo cuerpo de "comisarios políticos" pero, esta vez, a su servicio y con sus perfiles. Interesaba más "controlar" la implantación del nuevo sistema educativo, a los centros y a sus claustros, que su mejora. Porque, si se ponen a pensar detenidamente, al PSoÉ, en realidad, nunca le ha interesado la independencia ni la autonomía de nadie, de ningún órgano ni de ninguna institución pública -y este es el segundo de los motivos. Fieles a los viejos presupuestos pseudoestalinistas de la clandestinidad necesitaban hacerse con todos los resortes del poder que permitieran asegurarlo sin sobresaltos en aquellos turbulentos años ochenta del siglo pasado. Luego, una vez asegurado, les gustó instalarse en la seguridad que da no verse zarandeado por una ciudadanía crítica a cada paso. Es lo que tiene el "poder", una vez que se saborea ya no se quiere soltar por muy "demócrata" que se haya sido antes.
Así fue creciendo un cuerpo de inspección, aquí en Andalucía, donde se colocaron a dedo a muchos de sus actuales miembros y, después, se les diseñó oportunamente un procedimiento de acceso para que aparentara cierta legalidad. De este modo, el prestigio profesional, la experiencia docente y la independencia de criterio fueron descartados como valores para su selección e ingreso, configurando un cuerpo "obediente" a los dictados del poder de turno que, aquí en Andalucía, siempre ha sido el mismo, agudizando así el problema de la falta de independencia y de autonomía de la inspección educativa. Quien se movía no salía en la foto. La mayoría, salvo honrosas excepciones -como los autores que valientemente han escrito el artículo mencionado-, se han convertido en instrumentos acríticos de las "políticas" y ocurrencias del consejero de turno, o peor, del delegado o del jefe provincial de inspección de turno, todos ellos nombrados no por sus cualidades profesionales sino por la bovina obediencia al poder que los nombró. Con esos mimbres poco nos podemos sorprender del desprestigio que tienen en la actualidad la mayoría de los inspectores en los centros educativos andaluces. Lo que realmente nos sorprende es que todavía haya en Andalucía, y sobre todo en Sevilla, inspectores con prestigio y coraje como para levantar su voz y demandar lo obvio.
Ahí les dejamos de nuevo, ya que viene a "güevo", el archiconocido vídeo del inspector-hitler supervisando las competencias básicas en las programaciones didácticas, tan parecido a muchos de los que aparecen de vez en cuando por los centros a dar problemas en vez de a resolverlos.
