INCOMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Analicemos un caso real sucedido hace años en un instituto de secundaria. Ocho alumnos procedentes de otro centro del mismo barrio se matriculan en primer curso del grado medio de FP de Informática. Al poco de ingresar, finales de septiembre, la tutora del grupo demanda al Departamento de Orientación que el equipo docente tiene un problema con dichos alumnos: no se enteran de nada y, por tanto, no pueden participar en clase, ni hacer los ejercicios. No sufren de sordera ni nada por el estilo, simplemente, no entienden las explicaciones de los profesores ni saben los rudimentos básicos de aprendizaje: lecto-escritura, hábitos de trabajo, conocimientos básicos, etc... Incluso llegan a sugerir si no estarán aquejados de algún tipo de discapacidad o trastorno.
Despejado cualquier tipo de discapacidad o trastorno de aprendizaje que les impida seguir las clases, el orientador observa en los expedientes que los ocho han obtenido el Título de la ESO, si bien con unas calificaciones muy bajas y varias materias suspensas. Puestos en contacto con la orientadora del centro de procedencia de los alumnos, esta les comenta que los equipos docentes les otorgaron el Título a dichos alumnos bajo la condición de que las familias, que insistieron mucho en que se les diera el título, no los matricularan en Bachillerato ni en grados complicados de FP. Como quiera que dicha condición no se contempla legalmente, es obvio que las familias hicieron a continuación lo que consideraron más oportuno. Y ante la pregunta de por qué los habían matriculado en el grado medio de informática contestaron que a sus hijos les gustaban mucho los ordenadores, lo que evidenciaba un gran desconocimiento de los requerimientos académicos de dicho grado.
Reunidos -orientador y tutora- con las familias de los ocho alumnos, se les informó de que el grado en que los habían matriculado estaba muy lejos de sus posibilidades académicas reales, ni siquiera con ayuda, por lo que estaban abocados a la frustración y al fracaso. Las familias, sorprendidas e indignadas a partes iguales, preguntaron qué se podía hacer entonces. Se les comunicó que deberían intentarlo en otro tipo de estudios más acordes con sus capacidades e intereses. Al insistir en el tema informático se les informó que existía -por entonces- un Programa de Garantía Social de dicha familia profesional pero que, al poseer el Título de la ESO, sus hijos no podían acceder al mismo. Las familias dijeron que esa posibilidad no se les había comunicado -lo que la orientadora del centro negó después-; entonces, decidieron solicitar al centro de procedencia que se les retirara el título concedido, pero se les comunicó, lógicamente, que eso ya no era posible. A la sorpresa e indignación le siguió la desolación. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Es posible matricularlos en alguna otra enseñanza para este curso? ¡No los vamos a dejar en casa sin hacer nada!
Esta es una de las situaciones más tristes que genera la "estafa" de otorgar títulos, de aprobar materias, sin haber alcanzado los conocimientos necesarios. Al final, son las familias y sus hijos los que sufren esta aparente ilusión de "regalar" títulos y aprobados que, a la postre, no sirven para nada, tan sólo para enmarcarlos en el salón de casa. De este modo, los porcentajes de aprobados y titulados pueden seguir creciendo a costa de la rebaja de contenidos o de la menor exigencia en la evaluación y titulación, pero dichos porcentajes no serán otra cosa que un gran engaño, una estafa masiva, que recaerá sobre las espaldas de los más desfavorecidos. Con esta barata política igualitaria el sistema educativo dejará de ser un instrumento de "ascenso social" a través del logro personal, porque todos habrán "ascendido" engañosamente. Aunque, desde luego, será la realidad académica posterior o, peor aún, el propio mundo laboral los que, lastimosamente, se desharán de todos aquellos que no cumplan los requisitos supuestamente alcanzados por una titulación engañosa.
La política de abaratar exigencias y conocimientos, el eslógan de "títulos para todos", tanto en la enseñanza secundaria como en la universidad, va a tener un alto coste social y laboral cuyos perversos efectos sufriremos en poco tiempo, sobre todo, los sufrirán los de siempre, los más desfavorecidos -porque las clases medias-altas ya se buscarán sus propios mecanismos para sortearlos-. Mientras, los partidarios del igualitarismo populista y la propaganda "yuppi", los detractores del esfuerzo y de los conocimientos, se irán de rositas sin responder de sus errores e, incluso, algunos ilusos aún se creerán que estábamos en el mejor de los mundos posibles. Sentimos desilusionarlos ahora. Pero la realidad lo hará después, y de manera aún más cruel.
Nosotros, al menos, lo haremos con una sonrisa. Y, si no, vean ese futuro en el siguiente vídeo de José Mota.
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